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04 enero 2022

En 2006 se inauguraría un hospital para atender a recién nacidos y a sus madres, pero la obra no se concluyó y ahora la municipalidad planea retomarla, si consigue la autorización para ello.

De acuerdo con la alcaldía, para terminar el CAIMI se requiere colocar el piso, ventanas y puertas. Foto: municipalidad de San Martín Jilotepeque.

Por Carmen Maldonado Valle

El 21 de noviembre de 2005 se firmó un contrato por Q2 millones 166 mil 500 para edificar un Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Estaría terminado el 5 de diciembre de 2006, pero tras 15 años y una denuncia ante el Ministerio Público (MP), sigue sin concluirse.

Al principio, la contratación estuvo a cargo del Fondo de Inversión Social (FIS), una entidad dedicada a financiar proyectos para mejorar las condiciones de vida: “Exclusivamente en los sectores con pobreza y pobreza extrema en el país”, según la ley orgánica de la institución. Para ello, eligió a la empresa CONSTROC con el fin de edificar el CAIMI de San Martín Jilotepeque.

De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 10 de noviembre de 2006 se determinó la necesidad de realizar más trabajos, entonces el monto a pagar ascendió a Q2 millones 795 mil 324 en vez de la cantidad inicial. 

Desde el principio, el FIS fue pensado como una entidad temporal, se lee en su ley. Su cierre comenzó en 2006 y, tras ello, la nueva institución a cargo de liquidar el CAIMI fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)  a través de su Fondo Social de Solidaridad (FSS).

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Este retomó el proyecto en 2011, porque a falta de liquidez, se pausó durante cuatro años, asegura la CGC. Cuando esto ocurrió, también se dispuso modificar la obra y, con ello, aumentar el valor del contrato a Q3 millones 30 mil 393.

Un año antes, la Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Redmisar) hizo una investigación para determinar el nivel de atención médica para mujeres en Chimaltenango. Al visitar la construcción del CAIMI en San Martín Jilotepeque, los albañiles indicaron que no continuaron con la obra porque el Estado aún debía dinero a CONSTROC.

Los pagos del FIS y el FSS a la constructora, realizados entre 2005 y 2011, sumaron Q2 millones 613 mil 64 (equivalentes al 86 por ciento del precio total), registra la Contraloría. El último se reportó el 29 de abril de 2011, con un desembolso de Q536 mil 83.

Según el FSS, al no ver la obra finalizada después de siete años, el 28 de septiembre de 2012 se denunció a la empresa proveedora ante el MP. Ese año, la CGC hizo un examen especial al proyecto, identificó un incumplimiento de contrato y al visitar la edificación confirmó su abandono.

Cuando cuestionó al FSS sobre la ejecución del CAIMI, este indicó haber rescindido el contrato con CONSTROC el 3 de abril de 2012. Tras ello, la Contraloría impuso una multa de Q40 mil a cuatro coordinadores del Fondo y al supervisor de obras porque “sus acciones (la terminación del acuerdo y la denuncia) fueron inoportunas”, se lee en la resolución de la entidad.

Mientras tanto, no hay salud

Un reporte epidemiológico del ministerio de Salud, elaborado en 2019, reveló una disminución del ocho por ciento en muertes maternas en casi todos los municipios de Chimaltenango en relación con las cifras del año anterior. Sin embargo, se lee en el documento: “en San Martín Jilotepeque, Patzicía y Acatenango se mantienen los casos”.

De hecho, en 2018 se citó en el Congreso a representantes de Salud, del FSS, y de la CGC para cuestionarlos sobre los avances en la construcción del hospital. Al no reportar ningún cambio desde lo ocurrido en 2012, la entonces diputada, Edna Soto, calificó como “indignante” el incumplimiento porque el acceso a la salud en esa ciudad era difícil y “el edificio alberga animales por su estado actual”.

“El proveedor cobró más de lo ejecutado y por eso se le denunció. Nadie se hace responsable y mientras tanto no tenemos hospital donde las madres den a luz y se evalúe a sus hijos”, dice el alcalde de San Martín Jilotepeque, Bartolomé Chocoj. “No se pudo modificar durante todo este tiempo porque el estado del proyecto era una prueba para el MP, pero ahora ya emitió un dictamen donde terminó sus procedimientos de documentación y buscamos retomarlo”, añade.

A decir de Edie Cux, director de Acción Ciudadana, sí se podría terminar el CAIMI porque el MP debió documentar el estado de la obra para presentarlo como prueba en el juicio. Tras el peritaje, afirma, quien debió intervenir para continuar la ejecución fue la institución responsable del edificio.

“Nosotros esperamos que el FSS reciba la obra como terminada, nos la delegue y así la municipalidad haga un concurso para terminarla y usarla”, sostiene el jefe edil. Sin embargo, esta solicitud se hizo desde enero de 2020 y aún no hay respuesta.

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