mié. Ago 17th, 2022


La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) continúan con los aseguramientos de bienes considerados de origen ilícito en el marco la Operación MAGNATE, caso que involucra al empresario Marco Antonio Ávila Alvarenga y cuyos activos se localizan en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.

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A la fecha, tras tres días de operatividad, más de una decena de bienes se han traspasado a las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), los últimos corresponden a las propiedades de una empresa denominada Americana de Inversiones S.A. de C.V. con sede en San Pedro Sula y una lujosa casa de playa en Omoa.

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Además, se produjo la entrega de dinero en efectivo decomisado en dos viviendas, una en residencial Monte Carlo de El Progreso donde se encontraron dos millones 289 mil 500 lempiras (L. 2,289,500.00) y otra en Merendón Hills de San Pedro Sula en la que se efectuó el hallazgo de 45 mil dólares ($. 45,000.00).

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La operación MAGNATE contempla en total el aseguramiento e incautación de alrededor de 600 matrículas de bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias, al tiempo que se ejecutaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones, con la finalidad de recolectar indicios relacionados con el delito de lavado de activos y delitos precedentes Todo lo anterior con orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.

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El caso MAGNATE se desprende de una denuncia hecha el 25 de mayo del año 2015, en contra del señor Marco Antonio Ávila Alvarenga, como una persona que se dedica a la actividad del lavado de activos, con vínculos en el narcotráfico, en virtud de lo cual se inició un proceso especializado de investigación criminal con enfoque patrimonial y financiero, a través de un equipo multidisciplinario coordinado desde la FESCCO, determinándose que existen vínculos financieros y comerciales con múltiples personas investigadas por criminalidad organizada, así como un pronunciado incremento patrimonial injustificado que ronda los 600 millones de lempiras.

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